Desde el 31 de diciembre de 2009 todo ciudadano tiene derecho a relacionarse con la Administración de forma electrónica sin ser obligado a usar un formato o programa concreto . Sin embargo, ahora mismo, si alguien quería firmar una queja en línea ante el Defensor del Pueblo la web oficial le obligaba a utilizar un navegador determinado, en este caso el Internet Explorer de Microsoft. Estas imposiciones tienen los días contados. El pasado sábado entró en vigor el Real Decreto que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad . La norma establece las condiciones técnicas que han de cumplir las administraciones en su relación entre sí y, lo que es aún más importante, con los ciudadanos. Una de las que tendrá más impacto es la que recoge el artículo 11, que obliga a las administraciones a usar estándares abiertos. El reglamento publicado en el BOE los define como una especificación técnica aprobada por un organismo de normalización y, para ser abierta, debe ser pública, de uso gratuito